Un total de 45 familias y empresas malagueñas se declararon en quiebra, cucurso acreedores, en el primer trimestre de 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia continúa a la cabeza de Andalucía en lo que se refiere a deudores concursados, con 150 casos en toda la Comunidad y experimenta un incremento del 25 por ciento con respecto al trimestre anterior, cuando se registraron 36 procesos. En total, se acogieron a esta opción siete familias y 38 empresas, de las que prácticamente el 100 por ciento fueron sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
El caso de Málaga imita la tónica dominante en el resto de España, donde el 35 por ciento de las empresas declaradas en quiebra se dedicaban a la construcción y a la promoción inmobiliaria y eran compañías con un volumen de negocio menor y con menos de dos trabajadores. El pinchazo del ladrillo continúa marcando los procesos concursales, con una escalada que se alarga ya cuatro años y que en este último trimestre ha alcanzado su nivel máximo con 1.803 casos en todo el país, de las que 251 eran familias que se declararon en quiebra. RINBER abogados concurso acreedores Málaga
La mayoría de estos hogares acuden a la posibilidad que ofrece la Ley Concursal para acogerse judicialmente a la suspensión de pagos. Pero, según explica la coordinadora de la sección concursal del Colegio de Abogados de Málaga, Elena Narváez, esta opción tampoco es la panacea. «No es una solución útil para todas las familias. Cuando el concurso termina en liquidación, el patrimonio de esa persona queda afectado durante un periodo muy largo, por lo que en la mayoría de los casos no es recomendable», señala.
Además, se trata de un procedimiento muy costoso. Por eso, Narváez explica que las personas físicas que acuden a esta opción suelen ser socios o administradores de empresas que habían avalado el negocio con su propio patrimonio personal y, a la vez que la empresa entra en concurso de acreedores, ellos también solicitan la suspensión de pagos a título particular para evitar perder sus bienes. «El grueso se trata de personas que tienen muchas propiedades y temen perderlas. El número de malagueños que lo único que tiene son problemas para pagar la hipoteca son los que menos se dan», afirma.
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Administrador externo
El proceso para entrar en concurso comienza con una solicitud del afectado, que debe demostrar con documentos que no puede hacer frente a sus pagos ante el juzgado de lo mercantil. Una vez recibido el expediente, el magistrado lo estudia y, si no hay ninguna irregularidad, dicta un auto de declaración de concurso. Acto seguido, se nombra a un administrador que desde ese momento debe intervenir en todas las operaciones económicas.
Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid concentran el 52,1% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2011, seguidas de cerca por Andalucía.
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fuente diario sur
